Bolivia enfrenta su quinta semana consecutiva de crisis política y social, marcada por bloqueos masivos en carreteras que han paralizado el transporte de alimentos, combustibles y medicamentos. Desde el 1 de mayo de 2026, lo que comenzó como una protesta salarial escaló hasta convertirse en un movimiento que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre de 2025. Hasta el 29 de mayo se registraban cerca de 80 puntos de bloqueo en todo el país, con epicentro en las ciudades de El Alto y La Paz. Las autoridades han intentado mediaciones sin éxito, mientras la violencia entre manifestantes y policía militar se intensifica.

El impacto económico es severo. La Cámara Nacional de Industrias estima pérdidas superiores a 1.680 millones de dólares, equivalentes al 2,26 % del PIB nacional. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reporta daños por más de 1.000 millones de dólares en sectores productivos y exportadores, y solo por la interrupción de exportaciones se dejaron de mover más de 500 millones de dólares en cuatro semanas. La escasez y el alza de precios han afectado directamente a millones de ciudadanos, con mercados desabastecidos y largas filas en estaciones de servicio.

El vicepresidente Edman Lara ha llamado al diálogo, pero las posiciones se endurecieron tras la ratificación de órdenes de aprehensión contra líderes sindicales, incluido Mario Argollo, principal dirigente de la Central Obrera Boliviana. Expertos advierten que la recuperación económica podría tomar más de un año, mientras la confianza de inversionistas y turistas se deteriora. La crisis, que comenzó con demandas laborales, ahora enfrenta al gobierno con un movimiento social cada vez más amplio y fragmentado.