Documentos bancarios obtenidos por REFORMA revelan que entre 2021 y 2023, proveedores del gobierno de Nuevo León transfirieron millones de pesos a una firma jurídica vinculada al gobernador Samuel García y a su padre, poco después de recibir pagos de la Tesorería estatal. Las operaciones siguen un patrón de triangulación: el Estado paga a una empresa proveedora, que a su vez envía fondos a otra empresa vinculada y finalmente deposita sumas millonarias en Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del gobernador y su padre. Este despacho, a su vez, habría destinado parte de esos recursos a campañas digitales del gobernador y su esposa.

Uno de los casos más claros ocurrió el 19 de noviembre de 2021, cuando el Estado depositó 22.2 millones de pesos a Suministro MYR, proveedora de alimentos para penales y policías. Horas después, MYR transfirió dinero a su empresa hermana, Proveedor de Productos Mexicanos Jace, que dos horas más tarde envió 8.5 millones al despacho de García. En diciembre de 2022, una operación similar concluyó con un depósito de 10 millones de pesos tras un pago estatal de 33.8 millones. Otra transferencia en junio de 2023 dejó 8 millones en la cuenta del despacho tras un movimiento inicial de 35.3 millones.

La Fiscalía General de la República (FGR) incluye estas operaciones en una investigación en curso. Aunque Samuel García niega que su despacho reciba recursos públicos o de empresas proveedoras, los documentos sugieren un flujo financiero que conecta contratos estatales con su firma privada. Además, REFORMA reportó que 81.6 millones de pesos habrían sido destinados desde el despacho a campañas digitales en Google y YouTube mediante Nauka Comunicación Estratégica, empresa también proveedora del Estado.