Puerto Rico está debatiendo una propuesta para aumentar el límite diario de transferencias electrónicas entre personas (P2P) de $500 a $1,000, un cambio impulsado por el Centro Unido de Detallistas (CUD) mediante el Proyecto de la Cámara 1176. El CUD argumenta que el aumento facilitaría compras de alto valor y reduciría costos para pequeñas empresas, ya que actualmente deben dividir pagos grandes en varias transacciones, cada una con su propio cargo. Además, destacan que plataformas como ATH Móvil ya tienen más de 2 millones de usuarios y procesan cerca de 200 millones de transacciones al año, lo que refleja una dependencia creciente de los pagos digitales.

Sin embargo, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) se opone a imponer un límite uniforme, señalando que los actuales topes responden a evaluaciones de riesgo individuales según guías federales. Estos límites ayudan a prevenir fraudes, especialmente en transferencias inmediatas e irreversibles. La OCIF advierte que un cambio forzado podría interferir con la capacidad de los bancos para gestionar riesgos de lavado de dinero, fraude y operaciones transfronterizas, y que cada cliente debe tener un perfil de riesgo único.

La Oficina del Procurador del Ciudadano tampoco respalda la medida, aunque reconoce su intención positiva. Indican que no han recibido quejas ciudadanas sobre el límite actual y que cualquier cambio debe discutirse con el sector bancario para incluir controles de seguridad paralelos. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre modernización financiera y protección al usuario.