El Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) presentaron mociones ante el Tribunal Supremo del país en medio de una creciente disputa legal sobre la extensión del contrato de LUMA Energy. El caso gira en torno a si la aprobación de la extensión en 2022 cumplió con los requisitos de la Ley 29 y la Ley 120, que regulan las alianzas público-privadas y la modernización del sistema eléctrico.

La jueza federal Laura Taylor Swain determinó recientemente que las demandas contra LUMA corresponden al ámbito de regulación del gobierno local y ordenó devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Esta decisión reabrió el debate sobre la jurisdicción competente para resolver el litigio.

Sin embargo, LUMA Energy presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston y solicitó una suspensión temporal para evitar que el caso regrese al foro estatal mientras se resuelve el recurso. Mientras tanto, el Gobierno y la AAPP buscan que el Tribunal Supremo de Puerto Rico asuma un papel decisivo en la definición del trámite y la jurisdicción, argumentando que la extensión del contrato violó normas legales esenciales.