Jugadores estadounidenses han presentado una demanda contra PlayStation por lo que consideran un doble beneficio corporativo derivado de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump. En 2025, Sony aumentó el precio de la PS5 justificando el ajuste por el impacto de dichos aranceles sobre productos importados. Sin embargo, al mismo tiempo, la empresa fue parte de un grupo de compañías que lograron reembolsos del gobierno estadounidense por esos mismos impuestos. Los demandantes argumentan que los consumidores terminaron pagando el costo adicional, mientras que los reembolsos no se trasladaron a ellos, lo que constituiría un enriquecimiento injusto por parte de Sony.

El caso fue presentado el 6 de mayo de 2026 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California por Amorey Walker y Bryce Foster-Quarles. No es la primera vez que una empresa tecnológica enfrenta este tipo de reclamo: compañías como Amazon y UPS también han sido demandadas por motivos similares, y Nintendo enfrenta una causa paralela en el sector de los videojuegos. La demanda busca que Sony compense a los consumidores que compraron la consola a precios más altos.

Mientras tanto, Sony ha anunciado nuevos aumentos en el precio de la PS5 y en suscripciones de PS Plus, lo que ha intensificado la crítica. Además, la compañía enfrenta otras investigaciones, como una por parte de la Unión Europea por precios en PS Store y otra en Reino Unido por comisiones del 30% en títulos digitales. Aunque un caso previo por prácticas monopolísticas concluyó en un acuerdo, la presión regulatoria y legal continúa creciendo.