En marzo de 1982, cuatro periodistas holandeses —Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper— fueron emboscados y asesinados por soldados del Batallón Atonal en Santa Rita, Chalatenango, mientras cubrían el impacto del conflicto armado en comunidades empobrecidas. El caso permaneció impune durante décadas, hasta que en junio de 2025 un jurado condenó a tres altos militares: el excoronel Mario Adalberto Reyes Mena, el exdirector de la Policía de Hacienda Francisco Antonio Morán y el exministro de Defensa José Guillermo García, a 60 años de prisión (reducidos a 30 por la ley vigente en el momento del crimen).

Inicialmente, la jueza de primera instancia de Dulce Nombre de María ordenó que el actual comandante general de la Fuerza Armada de El Salvador, en su calidad de representante del Estado, pidiera perdón públicamente a las víctimas por la justicia tardía. Esta medida simbólica buscaba reconocer la responsabilidad institucional en un crimen cometido durante el conflicto armado. Sin embargo, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla anuló esta exigencia.

Los magistrados Roberto Antonio Anzora Quiroz y Rigoberto Chicas argumentaron que el Estado no fue notificado formalmente durante el juicio como parte acusada, lo que violó el artículo 77 del Código Procesal Penal derogado y el principio de garantía de audiencia. Dado que ni la Fiscalía ni los acusadores particulares solicitaron que se emplazara al Estado, no se le permitió ejercer su defensa. Por tanto, no podía imponérsele una responsabilidad civil subsidiaria. Este caso es el primero derivado del conflicto armado salvadoreño resuelto por vía penal tras 43 años de impunidad.